Aprueban proyecto que aborda discapacidad, tercera edad y transporte público

El diputado de la Región de Los Ríos es uno de los autores de la iniciativa que, aprobada por la Cámara Baja, acaba de cumplir su primer trámite legislativo.

Una modificación a la ley que sanciona a quienes dificulten el acceso de las personas con discapacidad y adultos mayores al transporte público remunerado, aprobó la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional, informó el legislador y coautor de la materia, Bernardo Berger.  

El proyecto modifica la Ley de Tránsito incorporando en las infracciones gravísimas el que un conductor de transporte público lo ponga en movimiento o no lo detenga completamente cuando haya personas con discapacidad y/o adultos mayores que deseen subir o bajar. La sanción será una multa de 1.5 a 3.0 UTM, más 5 a 45 días de suspensión de licencia. Asimismo, se considera infracción grave exigir a un pasajero el cumplimiento de requisitos o condiciones especiales, fuera de la ley, para acceder al transporte, con una sanción de 1 a 1,5 UTM.

El parlamentario por Los Ríos sostuvo que “con o sin cuarentena, el país no se detiene y hay necesidades que deben ser atendidas. Entre ellas me preocupa lo que pasa en materia de inclusión de las personas con discapacidad, así como el buen trato de nuestros adultos mayores”.

En esa perspectiva es “que hace un tiempo ingresé junto a un grupo de colegas, un proyecto de ley que, afortunadamente, hace unos días fue aprobado por unanimidad, que sanciona a quienes dificulten o impidan el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros”.

Según INE, existen dos millones 606 mil 904 personas con discapacidad, lo que representa un 20% de la población. En tanto, según las proyecciones del Censo 2017, al 2019 se calculaban en 2 millones 26 mil 222 el número de adultos mayores, equivalente al 11,9% nacional, y al 2035 alcanzarán casi a 4 millones de personas, esto es, el 18,9%.

“De ahí el impacto de proyectos como éste, que van haciéndose cargo de las diferencias de trato que aún subsisten a la hora de integrar a grupos vulnerables en aumento, en las cuestiones cotidianas de la vida”, subrayó Berger.

“Esta propuesta es también una forma concreta para que nos comprometamos de verdad con la inclusión. Hay que recordar que desde 2008 Chile adscribió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a adoptar medidas para que éstas puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.  En el caso de la tercera edad, se ratificó en 2017 la Convención Interamericana de los Derechos del Adulto Mayor, que les reconoce el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal”, concluyó.