El embargo judicial de las cuentas corrientes de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas decretado por un tribunal de la región para garantizar el pago de lo adeudado a más de un centenar de manipuladores de alimentos, es una señal potente de que al menos en esa arista, las enmarañadas irregularidades no están quedando impunes.
Pero más allá de los daños laborales o del defraudamiento a las arcas fiscales, las verdaderas víctimas silenciosas son los miles de niños a quienes debía prestárseles un correcto servicio.
Por eso la sentencia es también un guiño de esperanza hacia otros hechos que afectan a la infancia en nuestro país y que tienen a diversos ministerios en el ojo del huracán, para que puedan empezar a esclarecerse.
Me refiero al Sename y las serias debilidades en el cuidado de los menores a su cargo, que han derivado entre otras cosas, en un número de muertes que superarían las 400, cifra que tras meses de investigación, ni la propia ministra de Justicia ha podido precisar, ni menos explicar las circunstancias exactas en que ocurrieron.
Desde el año pasado han existido dos comisiones investigadoras en la Cámara Baja –ambas con conclusiones lapidarias sobre la responsabilidad de Estado en los hechos-; también una interpelación y dos acusaciones constitucionales contra la ministra, estas últimas, pleno desarrollo. Aun así, las cosas en torno a la infancia y las condiciones de atención y de trabajo en el Sename siguen tal cual, con una legislación arcaica y sin una política clara.
Personalmente suscribí ambas acusaciones porque como dije hace unos días, uno puede entender que se cometan errores, y de tanto en tanto que aparezcan irregularidades. Pero lo que es impresentable, es que habiéndose entregado al Estado el cuidado de menores, terminen muertos o en peores condiciones de cómo estaban.
Lo que sucede en Sename o en Junaeb no es ajeno a la forma en que como sociedad abordamos la infancia, incluso la adopción o, más básicamente, el derecho a la vida. Y claro, es que son temas en los que sus afectados no marchan, no paralizan, ni ocupan espacios en los medios. Son problemáticas invisibilizadas a los ojos de un país cada vez más mediático e insensible al dolor ajeno, pero que están ahí, afectando las vidas de miles de personas, nacidas o por nacer, que difícilmente pueden alzar la voz para defenderse por sí mismas.
Bernardo Berger Fett
Diputado
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