Jueves 24 de septiembre de 2015-----------. Para el diputado de Renovación Nacional Bernardo Berger, debe ser una necesidad-país seguir avanzando y agilizar la agenda anti corrupción. De ahí que valoró la reciente aprobación del proyecto de ley sobre probidad en la función pública, que ahora deberá ser sancionado por el Senado.
"A la luz de los eventos y el triste escenario político que se ha venido observando en Chile en los últimos meses, me parece propicia la aprobación de éste y otros proyectos, que aunque a veces puedan parecer un tanto expropiatorios e interferidores de la vida privada de quienes somos reales servidores públicos, son una necesidad país a la luz de los hechos y para la tranquilidad ciudadana", dijo Berger.
La normativa recientemente aprobada en la Cámara Baja establece, entre otros aspectos, un catálogo de autoridades que estarán obligadas a realizar declaración de intereses y patrimonio. Además fija el deber de elaborar un mandato especial de cartera de valores o fideicomiso ciego, lo que a juicio del diputado Bernardo Berger dará garantías al país para que de ahora en adelante las decisiones políticas que se adopten sean en función del interés común y no de intereses particulares.
"Ampliar el número de funcionarios a quienes afecta, darle carácter público a la declaración de intereses, sancionar, incluso con la pérdida del cargo a quienes incumplan las disposiciones de este nueva normativa, me parece justo y propicio a la luz de los últimos eventos y el triste escenario político que se ha venido observando en Chile en los últimos meses", enfatizó el diputado Berger
El proyecto en sí
La propuesta normativa crea un mandato especial de administración de cartera de valores, que es un contrato solemne en virtud del cual una autoridad encarga a una o más personas autorizadas la liquidación de valores que integren su patrimonio, la inversión del producto de la liquidación en un portafolio de activos y la administración de éstos.
La o las personas autorizadas se harán cargo separadamente de los valores, a nombre propio y a riesgo de la autoridad. Estas autoridades también tendrán la alternativa de vender las acciones y valores a que se refiere este Capítulo, al menos en lo que exceda a dicho monto.
De acuerdo al proyecto, estarán obligados a este mandato especial el Presidente o la Presidenta de la República, ministros de Estado, subsecretarios, diputados y senadores, Contralor General de la República, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y jefes superiores de las entidades fiscalizadoras, que sean titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, y cuyo valor total supere las 25 mil UF.
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