Durante la presente semana, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia declaró admisible una demanda laboral interpuesta por el mayor de Carabineros, César Lillo, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia, contra la institución.
Así lo consignó el medio Biobiochile.cl, señalando que Lillo acusa maltrato laboral y actos que vulneraron sus derechos fundamentales, principalmente por hechos ocurridos durante el segundo semestre del 2022.
El medio indica que, en abril de ese año, el mayor Lillo ingresó una denuncia formal por maltratos laborales por parte del exprefecto de la Prefectura de Valdivia, coronel (r) Mauricio Arenas, denuncia presentada ante la máxima autoridad de la policía uniformada en Los Ríos, el jefe de la XIV Zona de Carabineros, general Alex Muñoz.
Por lo anterior se inició una investigación sumaria administrativa a cargo del coronel Richard Gutiérrez, prefecto de la Prefectura de Cautín.
Desde ese momento, Lillo acusa haber sido objeto de “hostigamientos laborales y sanciones por diferentes situaciones mal intencionadas de parte de sus superiores”, entre las que se cuentan llamados de atención y arresto.
En ese contexto se dio una situación por la cual el mayor Lillo presentó, a su vez, una denuncia ante la Fiscalía Militar por los delitos de incumplimiento de deberes militares en contra del jefe de Zona de Los Ríos, general Álex Muñoz, por hechos que se remontan a septiembre del 2022, cuando el subprefecto Alexis Pérez realizó una fiscalización por los servicios del 11 de septiembre de ese año, en el Retén de Niebla.
En la oportunidad, Pérez “habría incidido y ordenado en forma intencional” para que el jefe de Retén de Niebla ingresara una observación por “exceso de carga del personal de servicio de primer patrullaje”, cuya responsabilidad recae en el mayor Lillo.
El mayor niega la veracidad de dicha observación presentando argumentos, lo que fue reclamado por este ante el general Muñoz, sin que se ordenara acción alguna para aclarar la situación.
Con todo lo anterior, el próximo 10 de marzo a las 09:00 horas se realizará la audiencia preparatoria vía telemática. Lillo solicita una indemnización por daño moral de 70 millones de pesos, y otros 12 millones por “daño emergente por los malos tratos ocasionados por sus superiores, que generaron gastos médicos y en abogados”, entre otros.
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