Una política pública que subsidie el arriendo para las víctimas de violencia intrafamiliar, ya sea física y/o psicológica grave.
Eso es lo que la Cámara de Diputadas y Diputados solicita al Presidente de la República, a fin de contribuir a evitar nuevos hechos de violencia que puedan ser irreversibles.
Si bien la resolución no especifica el género de las víctimas de este tipo de violencia, no desconoce que gran parte de los sujetos pasivos de estos actos son mujeres.
Gran parte de ellas no denuncian por miedo a perder una estabilidad económica relativa. Igualmente, por poca certeza sobre las medidas que los tribunales de Familia, Garantía o Juicio Oral en lo Penal puedan adoptar para evitar hechos futuros de violencia.
También se desestima la denuncia por la falta de políticas públicas efectivas que reporten un beneficio tangible a las víctimas de violencia.
En ese plano, se apunta a que una denuncia no solo culmine con acreditar actos susceptibles de reproches penales, sino también, con la obtención de beneficios extras a las víctimas.
Lo anterior, para incentivar a las víctimas a denunciar vulneraciones físicas o psicológicas.
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