Futrono y los proyectos invasivos; ¿Quién tiene derecho sobre el agua?

Columna de opinión a propósito del Día Mundial del Medioambiente: No son los proyectos invasivos en si el centro de los desencuentros socioambientales en Futrono, sino el agua y la forma en que jurídicamente la entendemos.

En 1993 llegó a Futrono la noticia que se estaba levantando un proyecto para construir una represa en el río Calcurrupe. Este fue el proyecto hidroeléctrico Melipue – Calcurrupe, de la empresa Colbun-Machicura S.A., que planteaba la instalación de 2 centrales generadoras; una en el río Melipue, que desemboca en el lago Maihue, y la segunda en el Calcurrupe, lo que hubiese significado a lo menos un notorio aumento del nivel del agua en el lago producto del embalse, y con ello el desplazamiento forzado de toda una comunidad que ha vivido por siglos en sus orillas.

La propuesta afortunadamente fue detenida en el Congreso, y quedó en el recuerdo el intento de una megaobra que por unos meses amenazó con cambiar para siempre la faz de la cuenca lacustre. Pasados varios años llegó una segunda propuesta de intervención y generación hidroeléctrica en el sector cordillerano, proyecto al que se le conoció con el nombre de Trayenco, de intereses noruegos, y que levantó una fuerte oposición con las comunidades Mapuche en primera línea. Con el tiempo esta iniciativa también cayó.

No tardó mucho en arremeter un nuevo proyecto, esta vez en el río Florín y con una “novedad”; una carretera eléctrica con 280 torres de alta tensión, de las cuales 123 cruzarían el territorio de Futrono, como una cicatriz de metal que nos recordaría el gentil aporte al progreso que nuestra comuna estaría entregando. Grande fue este proyecto, y grande también fue el rechazo ciudadano, que con organización y determinación pasó a la acción, logrando detener la ejecución de las obras…al menos por ahora.

A simple vista, con estos 3 ejemplos de conflictos socioambientales en las puertas de nuestras casas, queda demostrado que este territorio contiene recursos naturales que son altamente apreciados por capitales tanto nacionales como foráneos, pero cada uno de estos proyectos se han levantado sobre una base que tiene a un solo recurso como pilar fundamental; el agua.

EL NUEVO VALOR DEL AGUA

El agua es fundamental para la vida y está presente en todas las actividades sociales. Es un recurso limitado sobre el que se ejerce una gran presión por su uso, abuso y desperdicio, y por eso el enfoque mercantil ha ido ganando apoyo en las sociedades. Ya en 1992 la Conferencia de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible, aprobó una declaración en la que se establece; “El agua tiene un valor económico en todos los usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico”. La ola privatizadora se extendió por el mundo a través de los denominados “barones del agua” quienes, apelando a la escasez del vital elemento, se estima que en pocos años más se habrán apropiado del 75% de este recurso consumible, el que desde diciembre del 2020 se transa en las principales bolsas de comercio internacionales, un hito trascendental en materia financiera y medioambiental. El agua se convirtió oficialmente en un negocio estratégico.

En el lado contrario al mercantilismo, se sostiene que el agua “es un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”, como dijo la Directiva Marco de Aguas en el año 2000, e incluso la ONU declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

La actual legislación chilena a través del Código de Aguas, a grandes rasgos reconoce a este elemento como un bien nacional de uso público, o sea es propiedad de todos los chilenos y chilenas, pero a su vez existe un sistema de derechos que el Estado puede otorgar como concesiones  o permisos de uso exclusivo a privados, quienes ejercen dominio sobre esa concesión, es decir el titular pasa a ser “dueño” o propietario de ese derecho.

En resumen, a pesar de que la ley establece que el agua es un bien nacional de uso público, en la práctica es privada, y la regulación del Estado es escaza o nula en caso de que, por ejemplo, comunidades humanas sufran extrema necesidad de agua, si los privados tienen los derechos sobre ella en el mismo territorio. Además, si un titular (o propietario) no hace uso (en forma total o parcial) de su derecho de aprovechamiento de aguas o no han construido las obras señaladas en la ley, puede pagar la patente anual ante la Tesorería General de la República.

En el medio de esos 2 enfoques antagónicos; el del derecho privado, y el derecho de uso público,  Chile está a las puertas de escribir una Nueva Constitución, a cuyos redactores se les ha exigido una revisión de la situación del agua, y que sea incluida en la Carta Magna como uno de los pilares del nuevo contrato social del país, teniendo ya la experiencia que la privatización no solucionó el problema de la escasez hídrica, por el contrario la aumentó, y la constatación más real y simbólica está en la zona central con las plantaciones de paltos que acaparan el uso del agua en desmedro de las comunidades aledañas, cuya única esperanza de acceder al preciado líquido es a través de un camión aljibe que el municipio pone a disposición cada cierto tiempo.

En paralelo, estamos bajo la sombra ya indiscutible del cambio climático, las lluvias se vuelven impredecibles, se prevén cambios importantes en la agricultura, por lo mismo surgió la idea de la “carretera hídrica” para llevar agua entubada desde el río Biobio hacia el norte, un proyecto que la opinión pública conoce desde hace poco más de 1 año, pero que en círculos académicos y empresariales lleva años madurando, y en parte se debe a que ya se avizora que el paisaje semi árido que domina la zona central, en menos de 50 años habrá avanzado hasta la altura de Temuco.

REFLEXIÓN

Antes de finalizar esta columna, llamo a la reflexión acerca de lo que ocurre en nuestro territorio, enfatizando que no son los proyectos invasivos en si el centro de los desencuentros socioambientales, sino que el agua y la forma en que jurídicamente la entendemos es la clave en los conflictos que han significado los proyectos hidroeléctricos en Futrono, a los que se suman los más recientes como la situación de sobrecarga del río Quimán, el desvío de un río desde su origen en el volcán Mocho Choshuenco, o el proyecto de acuicultura en el río Calcurrupe. Así seguimos en el debate; ¿el agua debe ser un bien de lujo o un bien social?

Finalmente apunto a las palabras que el ex vicepresidente del Banco Mundial y ex directivo de la Sociedad Mundial del Agua, Ismail Serageldin, dijo en 1995; “Las guerras del próximo siglo serán por el agua”. ¿Esta afirmación les parece exagerada?, se lanzó hace más de 25 años por un representante de intereses privados, y da cuenta del ambiente que se avizoraba a la par de las primeras advertencias acerca del cambio climático. En 2017 el Papa Francisco se preguntó si en verdad caminamos hacia una gran guerra del agua, y entregó una respuesta; “Aún podemos revertir esta situación. Todavía no es tarde. Pero es urgente tomar conciencia de la necesidad del agua y de su valor esencial para la humanidad”.