Desde noviembre de 2013 mantiene rencillas con la comunidad Román Millapán, quienes mantienen ocupadas 45 hectáreas del fundo El Refugio.
"Yo estoy fascinado acá. Soy un hombre pacífico y tengo buena relación con todas las instituciones, pero lo de la semana pasada me molesta y da pena... Así pierdo las ganas de trabajar en Chile y por Chile".
Estas son las primeras palabras que esboza públicamente el ciudadano alemán Broder Redlefsen Guterman (73), en los 36 años que lleva en Chile.
Dice sentirse desilusionado del país, luego que la semana pasada fuera detenido por daños simples tras destruir con enormes rocas un puente de acceso que era utilizado por la comunidad mapuche Román Millapán, la misma con la que mantiene en disputa 45 hectáreas de terreno. No niega ese hecho, pero explica que lo hizo molesto porque carabineros ingresaban por ese lugar a patrullar a su fundo.
"Me molestó porque no entran como corresponde, lo hacen de noche, por atrás y en mi propio predio", dice y agrega que en otra oportunidad lo acusaron de tirar guano sobre la comunidad. "Yo quise trabajar mi campo y boté purines para fertilizar. Para mí el purín es un abono; para ellos, no", añade.
Otro hecho fue la detención de un grupo de encapuchados que habrían amenazado, en el centro de Paillaco, a la dirigenta de la comunidad. Sobre esto afirma no saber nada.
Junto a su esposa Marianne vive en el fundo que se ubica en el sector de Itropulli, a unos 62 km de Valdivia. El campo es extenso, de 1.100 hectáreas, dedicadas principalmente a la producción lechera. Con un notorio acento alemán y en la terraza de su casa, Redlefsen relata que los problemas con "los vecinos" como se refiere al grupo mapuche, comenzaron el 13 de noviembre de 2013, cuando la comunidad Millapán Naguil (que después se llamó Román Millapán) inició una toma ilegal de terrenos. "Ellos gritaban con hachas y murreras: 'Vamos a tomar todo esto para Chile'. Querían todo", recuerdo.
"Para calmar la cosa", como señala el agricultor, redactó un compromiso de entregar tierras bajo un requisito: que la comunidad demostrara con documentos en mano, que lo reclamado les pertenecía. Nada de eso ocurrió y el compromiso fue interpretado como una entrega voluntaria de tierras. "Yo me sentí amenazado, si tenía a 25 persona encima. Ahí les dije: este pedazo lo puedo entregar, pero si es legal", insiste.
El agricultor acusa que la comunidad se ha vuelto violenta, por lo que sostiene que no entregará las tierras, dado que ello sería injusto para con sus operarios que perderían su trabajo. "Si yo entrego este terreno a ellos, me voy. (...) La única solución es que se vayan. Pueden solucionar esto con el Estado, pero no conmigo", recalca.
El seremi de Bienes Nacionales, Claudio Lara, explica que la revisión de títulos determinó que ni Redlefsen ni la comunidad tienen derechos sobre las 45 hectáreas reclamadas. "En la práctica estos terrenos son de una familia Agüero, la que no aparece en la zona", indica y agrega que, tras 5 años de vivir allí, la comunidad puede solicitar la aplicación de la Ley 2.695.
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